Piratas y comunidades de una red neutral
El sistema de representación ciudadana ha entrado en una
crisis paralela a la económica. “El sistema ha caído”, advierte el ordenador
cuando algo anda mal de verdad. De hecho, afrontamos una crisis de control
propia de los momentos iniciales de una nueva tecnología de la comunicación. En
sus inicios supera la capacidad de los estados para regularla y de los mercados
para hacer de ella un negocio. Por lo que respecta a los usuarios, cuando cambiamos
de forma de comunicarnos creamos nuevas comunidades. Porque comunicar es poner
en común. Y al hacerlo con medios propios construimos hermandades y solidaridades
que ya no encajan en las fronteras y las economías existentes. Establecemos una
nueva relación con el periodismo, prescindiendo de sus embudos y dependencias.
Visibilizamos corrientes de opinión y de voto aún no identificados.
Desarrollamos procesos de participación y comunicación que expanden nuestros
horizontes de desarrollo, pero mudarán hasta encajar en el orden político y
económico, aunque alterándolos. También cabe el proceso contrario: que la
esfera pública digital comporte una regresión en términos de transparencia y
ejercicio de derechos. Del valor que concedamos a las vías emancipatorias que
hasta ahora ha abierto Internet depende el carácter democrático o autoritario
de las sociedades venideras.
El vapor y el telégrafo, impulsores de la revolución
industrial, también jugaron un papel disruptivo. Los desplazamientos más largos
y veloces, unidos a la comunicación a distancia y no presencial, hicieron
resurgir la piratería y permitieron fundar nuevas comunidades. Hubo un momento
en el que resultaba sencillo cambiar el rumbo de los barcos. Se desembarcan ciertas
mercancías en puertos que no eran el de destino y después se notificaba un percance
que justificase la carga “perdida”. Las tripulaciones más veloces aprovechaban
el telégrafo para desviar las rutas en su provecho. En tierra firme los colonos
se auto-convocaban para establecerse en asentamientos donde practicar nuevos credos
comunitarios en las fronteras de los estados, expandidas por el ferrocarril.
Desde la propiedad privada hasta los regímenes políticos, las configuraciones
sociales existentes fueron cuestionadas. Algo parecido ocurre ahora.
Internet achica el tiempo y las distancias. Nos libera de
los espacios sociales (p.e. escuelas, salas de estar para ver la televisión en
familia) que nos daban una identidad estable y un papel determinado. Antes parecía
estar claro lo que implicaba ser profesor y estudiante, periodista y audiencia.
Ahora no. La segunda parte de estas parejas no se está quieta ni callada. Los
alumnos acceden a datos más actualizados o desconocidos para el profesor. Requieren
que les guiemos en un proceso de autoaprendizaje, ayudarles a apropiarse de
contenidos ajenos, convertirlos en algo propio y, desde luego, aprender a
cuestionar y completar los que contenidos que les impartimos. Los internautas
requieren lo mismo de los periodistas. En sus procesos de “auto-comunicación de
masas”, que diría Castells, las multitudes requieren a los reporteros más que nunca. Sólo ellos pueden contrastar
las bases de datos y seleccionar los mensajes ciudadanos más relevantes, publicándolos
después con el suficiente alcance. Esto requiere que adapten sus roles a los receptores
que ya son también emisores y que, en parte, incorporen su filosofía y
destrezas.
Los sectores más activos de los “nativos digitales” (quienes
nacieron con Internet), pudieran considerarse piratas y comunitaristas del
s.XXI. No respetan el copyright ni los nichos de gustos gestionados por la industria
cultural. Buscan, intercambian y remezclan archivos de la más variada índole. Publican
en “creative commons”: con derecho a copia libre y entregan sus producciones al
dominio público, pura expresión bien común. Algunos se definen copy-left o más
beligerantes, copy-fight, respecto a la propiedad intelectual propia y ajena
trabajo Y han cobrado identidad en la Red de redes. En realidad, algunos son sus
verdaderos “creadores”. Aunque no sean reconocidos como tales, crearon una
filosofía, unos protocolos y unas prácticas que dieron lugar a la Internet que
conocemos. Ahora que intentan materializarlas, llevándolas a sus últimas
consecuencias, son coaccionados y reprimidos por leyes “anti-descargas” como la
“Ley Sinde” o “Sinde-Wert”, binomio que funde los apellidos de los ministros de
cultura del PSOE en 2011 y del PP en 2012. Un buen ejemplo de la irrelevancia
de las siglas y los nombres que nos gobiernan.
Pero no resulta fácil confinar a los cibernautas en los roles
de consumidores compulsivos y votantes esporádicos. Su resistencia y capacidad
de respuesta son considerables. Ejercen y demandan reconocimiento a su
condición de sujetos comunicativos de pleno derecho. Participan en la defensa
de quienes consideran sus valedores como Wikileaks. Y persiguen un marco de regulación
que entiende Internet como ámbito del procomún. Exigen que no sea considerada
sólo como un territorio a conquistar por los estados o a rentabilizar por las
empresas. Quieren salvaguardar la arboleda informativa, autogestionarla con mecanismos
de democracia directa. Algunos creyeron que no necesitan mediación alguna
porque se auto-representaban. Y ejerciendo sus derechos digitales quisieron traducirlos
al plano civil, saltar de la pantalla a la calle y, después, a las
instituciones. Son muchos quienes no conocen siquiera del primer brinco.
La movilización contra la Ley Sinde en 2011 fue obra de los
mismos grupos de hacktivistas que tumbaron las webs que bloquearon a Wikileaks.
Habiéndose negado gestionar las donaciones en diciembre de 2010, las redujeron tanto
que un año más tarde se anunció la suspensión de filtraciones. Los
ciberactivistas también reprodujeron en sus servidores los cables diplomáticos
que Amazon retiró de su nube digital. Un centenar de ellos probaban que la
embajada norteamericana había presionado a la ministra Sinde para que
promoviese su ley anti-descargas. A partir de ahí se fraguó una coalición de
cibernautas que paralizaron la iniciativa con un debate sin precedentes:
irrumpieron en la entrega de los premios Goya y lograron que dimitiese el
director de la Academia del Cine.
Después el núcleo más activo impulsó la ola del 15M creando
algunas de sus herramientas más importantes: una red social propia llamada N-1
o los grupos afines de Facebook y Twitter, que internacionalizaron la
convocatoria de #tomalaplaza como #takethesquare. Otras iniciativas les
presentan muy activos en la calle. Las hacktivistas españolas (como les gusta
presentarse, en femenino) crearon el sistema de alarmas que coordina el (auto)apoyo
entre los desahuciados. Debe atribuírseles gran parte del mérito de uno los
logros del 15M menos reconocidos: la posibilidad de entregar el piso a los
bancos como pago de las hipotecas inasumibles. Hasta entonces la deuda permanecía
pendiente de ser pagada, incluso habiendo quedado en la calle por desahucio. Esta
actividad se suma a otras iniciativas de movilización y propaganda en la
herramienta de Oiga.me, que canaliza protestas por todos los canales posibles.
Muestran a una ciudadanía digital que con recursos propios se hace oír. Al
tiempo que construye una esfera pública alternativa, cuestiona y transforma la
anterior.
Generando flujos de información autónoma, cooperativa y de libre
circulación los hackers construyeron Wikileaks, que puede considerarse el
primer medio de comunicación global. Bloqueados económicamente por los sistemas
de pago electrónico, han dado respuesta y seguido funcionando. Acosados tanto
por el Pentágono como por China, mantienen sus servidores activos. En todo el
mundo se detuvo a jóvenes que permitieron que sus ordenadores fueran usados en ciberacciones
de respaldo a Wikileaks. Parecieran irreductibles. Se lo saltan todo. “No se
puede poner vallas al campo”, dicen, refiriéndose a Internet. Se vanaglorian en
saltárselas. Persisten en hacerlo. Pudieran confundirse con vándalos y a veces
se comportan como tales. Pero en realidad defienden la libertad de expresión
digital. Una libertad que, como todas, debe ser regulada. Con una regulación
que, como todas, fijará sus límites, repartiendo costes y beneficios. Inhibirse
en este debate implica resignarse a figurar en el bando de quienes lo perderán.
Frente al potencial ciberactivista que Wikileaks encarnó y movilizó,
las democracias occidentales (y sus remedos autocráticos) respondieron con tres
discursos mentirosos de peligroso alcance. Los hechos los desmienten. Nos
instalan en la falsedad. Y sus consecuencias a largo plazo resultan letales. Reducen
nuestras posibilidades de autonomía personal y colectiva. Justifican la
represión de internautas díscolos. Y, en última instancia, jusitifican
legislaciones contrarias a una Internet neutral; es decir, indiferente a si la
usa un soldado raso como Manning o un alto mando del Pentágono. Ambos gozaban casi
de la misma capacidad de transmisión cuando se produjeron las filtraciones.
Internet no distinguió si los archivos filtrados provenían de un soplón o un
jerarca militar. La neutralidad de la Red es condición previa de su carácter
democrático. Nos equipara como sujetos comunicativos y ciudadanos digitales, pero
está a punto de desaparecer. Nuestros perfiles, avatares o pseudónimos (nicks)
no son tan anónimos como creemos. Ni su capacidad de acción será la misma.
La Red aún distribuye de modo bastante horizontal e igualitario
nuestra libertad de expresión. No permitiríamos que por las carreteras
circulasen unos cuantos privilegiados que, por su dinero o cargo, viajasen en
carriles reservados, de alta velocidad y custodiados por la policía. En caso de
accidente llegarían antes a los hospitales que pagamos todos, como las
infraestructuras de comunicación. Sin embargo, parecemos dispuestos a admitir
medidas similares en la Red. ¿Quién, pudiendo pagarlos, no contrataría servicios
de Internet más veloces y seguros? Un futuro incierto se avecina tras el
posible triunfo de los enemigos de Wikileaks. Los ejércitos, policías y
empresas gozarían de la arbitrariedad para comportarse como el sheriff, su
cuadrilla de cuatreros metidos a ayudantes o la mafia ganadera y ferroviaria
que les paga. En el Western que algunos proyectan Internet es una finca a vallar.
La arboleda perdida se transforma primero en praderas y luego en explotaciones
forestales para producir más carbón y traviesas. Hay que fundir más raíles y
clavar más cercas. Pero antes de nada, hay que limpiar el terreno.
Los carteles de “Se busca” (verdadero mensaje de la mayoría
de las noticias que sobre él se publican) presentan a Assange como líder de una
organización terrorista, delincuente o agente de una guerra psicológica. Los tres discursos bélicos declaran
la guerra a un enemigo común desde varios frentes. Los vamos a desmontar en
este capítulo y en el siguiente veremos la paz final que persiguen firmar.
Insisto en que nos abocan, no sólo a la ignorancia de lo que (nos) está pasando,
sino a la inactividad. Nos niegan capacidad y razones para defender nuestro actual
margen de acción. Porque fomentan una Internet colonizada por la propaganda
estatal y la publicidad corporativa. Su mejor contribución consistiría en acotar
de un modo racional las amenazas y disfunciones de la Red que entre todos hemos
construido. Ocurrirá si la empleamos y regulamos para extender y profundizar los
derechos digitales en lugar de recortarlos.
Reconozcamos las evidencias, como el excesivo secretismo que
constatamos en el capítulo precedente. Resulta insostenible por los recursos
que requiere (des)clasificar la ingente documentación secreta que generan los
estados. Pero, además, apelemos a la capacidad tecnológica de la ciudadanía. La
opacidad institucional se justifica despreciando su madurez, negándole competencia
política y cognitiva. Minusvaloramos las destrezas de nuestros conciudadanos para
movilizar máquinas y mentes, liberando información que no se justifica como
secreta. Pagamos datos que luego se nos niegan. No tenemos derecho a conocerlos
y a debatirlos, sólo la obligación de costearlos. Se nos prohíbe liberar
información para que la sociedad en pleno actúe como interventora de las
cuentas y procederes de quienes gobiernan. Este lugar de avanzar en esa
dirección, aceptamos abusos censores, sin ser conscientes de que nuestras
huellas digitales (el rastro de información propia que siempre dejamos en
Internet) se almacenan en Data Center sin apenas regulación. La bunkerización
de las elites – impermeables a la presión popular, sin reemplazos ni rendir
cuentas - podría agravarse. Su invulnerabilidad es nuestra indefensión. Los
derechos digitales corren riesgo de devenir en algo virtual: algo ilusorio,
presente sólo en las pantallas.
Una democracia exige que todos los documentos oficiales sean
públicos por defecto. El secreto y la censura sólo se justifican por los
efectos nocivos constatados después de la publicación de un mensaje, porque amenaza
de forma probada la seguridad o la convivencia. Las limitaciones de la libertad
de expresión debieran ser pocas y, desde luego, siempre argumentadas y muy bien
delimitadas. En caso de duda y como prueba de fortaleza institucional, se
prefiere la publicidad a la censura. La mayoría de los hackers admiten estos
principios. Por ejemplo Assange, colaboró con la policía para perseguir redes
de pederastia. O Anonymous no publicó algunos datos que podrían
haber afectado los juicios contra R. Murdoch. Incluso quienes se erigen en
justicieros de la transparencia admiten límites legales. Pero exigen que sean
fijados por políticas de comunicación que atiendan a las necesidades de todo el
cuerpo social.
Una democracia regula las tecnologías y los canales
comunicativos en aras, no sólo de su valor económico, sino de los usos sociales
y del debate público que promueven. El “todo vale” en la guerra contra
Wikileaks, en el fondo, evidencia una lucha sin reglas ni cuartel por el
dominio de la Red. Su regulación debiera desprenderse de la consideración
serena de los riesgos que acarrea una ideología de la transparencia
inconsciente de sus limitaciones, que no son pocas. De este debate debiera surgir
un nuevo perfil profesional, viable y enraizado en lo social
, que abordaremos en el próximo capítulo. Los
periodistas dejarían de ser los porteros de las fuentes oficiales y promoverían
un debate público, abierto y colaborativo. Pero la mejor forma de impedir una
discusión sosegada es declarar la guerra.
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